En septiembre de 1868 cayó el régimen isabelino y se abrieron nuevas expectativas en el estado español, La coalición unionista-progresista-demócrata encabezó la nueva situación política. Se abrió un proceso de mayores libertades y se inició también un proceso de reformas políticas y económicas. En ese contexto aperturista nacieron los primeros núcleos internacionalistas en el estado. En 1870 se celebró el I Congreso de la FRE de la AIT. También, al mismo tiempo, en el nuevo régimen se crearon juntas municipales (con sus voluntarios armados) que representaban los elementos más izquierdistas de los sectores demócratas y republicanos. Sin embargo estas juntas en este primer momento perdieron algo de fuerza. Ya en las elecciones de 1869, con sufragio universal masculino para mayores de 25 años (24% población), la coalición monárquico-demócrata resultó victoriosa, con 236 escaños, 159 por parte de los progresistas liderados por Prim, Sagasta o Ruiz Zorrilla. Los republicanos obtuvieron 85 escaños, encabezados por José Mª Orense, Estanislao Figueras y E. Castelar. En el mes de junio se aprobó la nueva constitución, quien ratificaba el sufragio universal masculino, otorgaba libertad de prensa y reunión y establecía como la monarquía constitucional como la forma del nuevo régimen político. En diciembre de 1870 Amadeo de Saboya resultó elegido para el nuevo cargo de rey.
Sin embargo el régimen resultante de la revolución de 1868 padeció numerosos problemas. El primero fue la permanente crisis agraria y económica que padecía el Sistema, por otro lado las políticas sociales fueron prácticamente inexistentes, con la consiguiente conflictividad urbana y rural, a la par que este fenómeno favorecía el crecimiento de las organizaciones obreras y también republicanas a las cuales el gobierno monárquico se opuso muchas veces con dureza. Por otro lado de 1872 a 1876 el carlismo supuso una fuente de inestabilidad, ya que en esos años se alzaron en armas, castigando aún más la pésima economía del estado. Por si esto no fuera suficiente, el gobierno tenía una fuerte problemática con sus colonias, especialmente Cuba y Puerto Rico. Pese a intentos de reforma para encajarlas a la nueva situación política, éstas resultaron insuficientes, y, por si no fuera poco, en Cuba se inició una guerra por su independencia. Esta guerra y el clima de inestabilidad hicieron que el gobierno mantuviese el sistema de quintas, sistema de reclutación que eximía de ir a la guerra a quienes pudieran pagar una cuota, haciendo que realmente fueran a las mismas los sectores más desfavorecidos que resultaban elegidos en los sorteos de las quintas.
En 1873, ante la multitud de problemas existentes, Amadeo de Saboya abdicó. Problemas económicos que tenían en bancarrota las arcas del estado, el conflicto colonial, la Guerra Civil contra el carlismo, primeras insurrecciones de los sectores republicanos más intransigentes, fuertes tensiones sociales, especialmente en las zonas rurales latifundistas de Andalucía, la propia descomposición del partido progresista tras la muerte de Prim –moderados encabezados por Sagasta y más a la izquierda los seguidores de Ruiz Zorrilla-, la oposición de gran parte de la aristocracia al “rey extranjero”, aumento de la influencia de los monárquicos alfonsinos, partidarios de la Restauración borbónica, encabezados por Cánovas del Castillo, etc.
La monarquía de Amadeo estuvo marcada por la inestabilidad política, ya que de diciembre de 1870 a febrero de 1872 se celebraron 3 elecciones generales, se nombraron 6 gobiernos y se tuvo que hacer frente a 8 crisis de gobierno. En esta deplorable situación el parlamento votó el 11 de febrero a favor de la República. Sin embargo por aquel entonces los republicanos estaban divididos. Por un lado estaba la tendencia unitarista, favorable a una República centralista y moderada, por otro lado estaba la tendencia federalista, favorable a un estado federal, sin embargo esta tendencia estaba dividida a su vez entre quienes querían realizar el proceso federal desde “arriba” y la tendencia intransigente, quienes abogaban por un proceso inmediato y realizado desde “abajo”. Esta última tendencia fue la principal protagonista de la revuelta cantonal del verano de 1873.
Igualmente, la Iª República siguió padeciendo la guerra carlista y el desgaste cada vez más acentuado por los sectores monárquicos alfonsinos. La guerra de Cuba seguía estando presente y el estado se encontraba sin fondos, produciéndose un importante aumento de la deuda exterior. En los 10 meses escasos de existencia de la República, existieron 4 presidentes. El primero fue E. Figueras, el cual convocó elecciones para Cortes Constituyentes, en las que las tendencias federalistas consiguieron una importante mayoría, aunque la abstención alcanzó un 60%, ante la campaña abstencionista de monárquicos, carlistas y anarquistas. El segundo presidente fue Pi i Maragall, al que le tocó vivir la insurrección cantonalista de federales intransigentes e internacionalistas. El tercer jefe de gobierno fue Salmerón, quien se encargó de la represión a toda disidencia y para eliminar la revuelta cantonal. Para tal función escogió al General Martínez Campo para reprimir la zona este del estado y para la zona sur al General Pavía. Por entonces el régimen republicano adquiría connotaciones fuertemente autoritarias y militaristas. Finalmente con la presidencia de Castelar, republicano centralista y conservador, se intentó apaciguar la situación y conducirla a planteamientos más moderados. Sin embargo, en enero de 1874 dimitió de su cargo presidencial. Y ante el “peligro” de un gobierno formado por federales, el General Pavía, con la ayuda de la Guardia Civil, disolvió el parlamento, poniendo fin en la práctica a la 1ª Republica. Se abrió así el periodo de dictadura militar republicana. El nuevo gobierno resultante fue presidido por el General Serrano, quien en cierta manera inició el camino hacia la Restauración Borbónica, que tenía el apoyo de alfonsinos, la mayor parte de los mandos militares, la burguesía industrial y comercial catalana (Guell i Ferrer, Antonio López y López, Ferrer i Vidal, etc.) con fuertes intereses en las colonias y del caciquismo típico de muchas zonas peninsulares. Este proceso culminó con la proclamación en diciembre de 1874, en Sagunto, por parte del General Martínez Campos, del nuevo rey Alfonso XII, hijo de Isabel.
Tras este breve repaso cronológico, nos situamos de nuevo en febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo y la proclamación de la República. La FRE saludó con cierta simpatía el nuevo régimen republicano, no tanto por estar a favor del mismo, más bien porque era visto como “(...)el último baluarte de la burguesía, la última trinchera de los explotadores del fruto de nuestro trabajo, y un desengaño completo para todos aquellos hermanos nuestros que todo lo han esperado y lo esperan de los gobiernos, no comprendiendo que su emancipación política, religiosa y económica debe de ser obra de los trabajadores mismos.(...)”(ver anexo nº4 para circular nº8 del C. Federal de la FRE).
También la nueva situación política era vista como una buena oportunidad de crecer numéricamente, aunque en esos momentos la vía insurreccional no se veía con posibilidades de éxito, ya que por aquel entonces se creía que una Revolución sólo podía ser posible si fuese mundial y con una fuerte conciencia de la clase trabajadora. Tras el Congreso de Córdoba de diciembre de 1872 / enero de 1873 contaba con unos 45.000 afiliados. Paralelamente los sectores republicanos intransigentes empezaron a proclamar juntas y se empezaron a establecer ayuntamientos republicanos. También la conflictividad social era muy alta, registrándose la quema de diferentes registros de propiedad, en zonas rurales, principalmente de Andalucía, se procedió a la repartición de tierras, las huelgas recorrían todo el estado frente a una patronal cerril e intransigente y la represión política y social siguió siendo muy importante.
Nº4.
Circular nº8 de la Comisión Federal de la FRE, febrero de 1873.
Compañeros:
Un cambio inesperado en la política de la clase media ha producido una
transformación gubernamental de la presente corrompida sociedad burguesa, a
consecuencia del estado ruinoso de la Hacienda y de la guerra civil, fomentada
por los fanáticos partidarios de la Inquisición y del rey absoluto –Nota:
carlistas-, instituciones criminales y absurdas que no deben ni pueden volver.
El
resultado de este cambio en la política burguesa, que si bien afecta mucho en
la forma, es de casi ningún resultado en el fondo de la presente organización
autoritaria y centralizadora, ha sido la caída de Amadeo y la proclamación de
la República por los ministros monárquicos que un día antes ensalzaban las
bondades de la monarquía.
Nosotros
hemos visto con satisfacción el cambio mencionado, no por las garantías que
pueda dar a la clase obrera, siempre esquilmada y escarnecida en todas las
organizaciones burguesas, pero sí porque la República es el último baluarte de
la burguesía, la última trinchera de los explotadores del fruto de nuestro
trabajo, y un desengaño completo para todos aquellos hermanos nuestros que todo
lo han esperado y lo esperan de los Gobiernos, no comprendiendo que su
emancipación política, religiosa y económica debe ser la obra de los trabajadores
mismos.
Nadi
más que nosotros lo trabajadores, los eternos soldados del progreso, los que en
todos los tiempos han derramado sangre para la conquista de los derechos
políticos, somos los decididos defensores de la libertad, del progreso y de la
regeneración de todos los esclavos, porque necesitamos ser libres y
regenerarnos.
Por
eso creemos que el deber de cada uno y de todos los trabajadores consiste en
marchar siempre adelante, sin detenernos en el camino de la revolución y
pasando por encima de todos los obstáculos que nos opongan los individuos que
en las más supremos instantes de la vida de los pueblos, en las grandes crisis
de la organización social presente, sólo pronuncian la palabra orden, que en su
boca no significa otra cosa que la continuación del agiotaje inmoral, causa de
la esclavitud, de la miseria y de la ignorancia que pesa sobre la clase obrera.
Prevenidos
debemos estar contra todos aquellos, llámese republicanos o socialistas, que no
deseando la transformación completa y radical de la sociedad presente, procuran
retardar el advenimiento de la justicia, adormeciendo con paliativos a la clase
trabajadora para que continúe con vigor y energía en su marcha revolucionaria.
No
pretende ni quiere esta comisión federal imponer ni sus opiniones ni trazar la
linea de conducta que conviene seguir a los que representan la soberanía de la
Federación regional española, a los que le han encargado los trabajos de
correspondencia y estadística.
Nosotros,
amantes de la libertad completa del individuo y de la autonomía de todas las
federaciones y secciones, ni queremos ser los directores ni los inspiradores de
nuestros hermanos los obreros, porque la grande obra de la emancipación del
asalariado no puede ser dirigida ni ejecutada por nadie más que por la acción
espontánea de los trabajadores mismos, después de conseguida por medio de la
identidad de intereses y aspiraciones, la unidad de acción necesaria e
indispensable para librarnos de la esclavitud política, religiosa y económica
que sobre nosotros pesa.
Considerando,
pues, que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos, durante este periodo de la libertad relativa para ejercer
los derechos naturales de asociación y reunión, creemos que son de suma
importancia las continuas asambleas de trabajadores de todos los oficios para
discutir sobre la linea de conducta que conviene observar en las presentes
circunstancias y durante las inevitables crisis políticas y sociales que se
presenten.
Hoy,
más que nunca, es, a nuestro juicio, necesaria la propaganda y la organización
revolucionaria proclamada por la Asociación Internacional de los Trabajadores
–Nota: La interncional Anti-autoritaria- y una continua correspondencia para el
cambio mutuo de opiniones entrre las federaciones locales si queremos cooperar
eficazmente al triunfo de la gran Revolución Social, que, levantando el trabajo
a la altura que se merece, termine para siempre la infame explotación del
hombre y pueda recibir cada uno el producto íntegro de su trabajo.
Creemos
que es de gran necesidad la práctica en toda su pureza de la organización libre
y eminentemente federativa,a doptada por el Congreso de Córdoba, para ponernos
en condiciones de obtener, por lo pronto, unas rebajas en las horas de trabajo
y después reivindicarnos la autonomía de los grupos naturales, de los
municipios, de las comunas libres, para hacer la Revolución Social
independiente de todo poder autoritario y contra todos los poderes
autoritarios, haciendo, como consecuencia lógica, la liquidación social y
completa de las instituciones de la presente Sociedad y continuando después de
ella la agitación revolucionaria para alcanzar el ilimitado objeto del
bienestar y la felicidad de todos los humanos.
La
base principal de la revolución que anhelamos creemos consiste en la completa
descentralización, o mejor dicho, en la destrucción total de los poderes
autoritarios, eternos enemigos del progreso, de la libertad y de la justicia.
Creemos
que ha sonado la hora para todos los internacionales de hacer un supremo
esfuerzo, siendo incansables y activos en la propaganda para lograr que todos
los obreros, hasta hoy indiferentes, vengan a constituir nuevas secciones y
aumentar las constituidas, porque de este modo cada día seremos más numerosos y
más potentes, como también imvencibles.
Si
queremos la transformación de la propiedad individual de la tierra y de los
grandes instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, la enseñanza integral y
la destrucción de todos los privilegios y monopolios, es preciso estar
convencidos que todo lo merecemos, que todo nos lo hemos de conquistar, porque
todo es nuestro y que nada dará si no lo arrancamos de los que injustamente lo
poseen.
Es
preciso ir adelante hasta el triunfo de la anarquía y del colectivismo, o sea
la destrucción de todos los poderes autoritarios y de los monopolios de clase,
en donde no habrá ni papas, reyes, ni jueces, ni escribanos, ni políticos; pero
si una libre federación universal, de libres asociaciones obreras, agrícolas e
industriales.
Esto
sólo lo conseguiremos por medio de la solidaridad en la acción revolucionaria
de todos los trabajadores del mundo, y ella será un hecho si somos incansables
en la propaganda de las ideas radicales y revolucionarias y en la organización
de las poderosas fuerzas de los hijos del trabajo.
Compañeros:
Actividad
en la propaganda y organización sinceramente revolucionaria, sin
mixtificaciones de ningún género, y el triunfo será nuestro.
¡Viva la Asociación Internacional de los
Trabajadores!
¡Viva la Liquidación Social!
Salud, Anarquía y Colectivismo
Alcoy, 24 de febrero de 1873
La Comisión Federal:
El Tesorero, Vicente FOMBUENA, fundidor
El Contador, Miguel PINO, ajustador mecánico
El Secretario del interior, Severino ALBARRACÍN,
profesor de primera enseñanza
El Secretario del exterior, Francisco TOMÁS, albañil
Hornos del Vidrio, 6, 3º - Alcoy
También la nueva situación política era vista como una buena oportunidad de crecer numéricamente, aunque en esos momentos la vía insurreccional no se veía con posibilidades de éxito, ya que por aquel entonces se creía que una Revolución sólo podía ser posible si fuese mundial y con una fuerte conciencia de la clase trabajadora. Tras el Congreso de Córdoba de diciembre de 1872 / enero de 1873 contaba con unos 45.000 afiliados. Paralelamente los sectores republicanos intransigentes empezaron a proclamar juntas y se empezaron a establecer ayuntamientos republicanos. También la conflictividad social era muy alta, registrándose la quema de diferentes registros de propiedad, en zonas rurales, principalmente de Andalucía, se procedió a la repartición de tierras, las huelgas recorrían todo el estado frente a una patronal cerril e intransigente y la represión política y social siguió siendo muy importante.
El 1º de junio de 1873 se proclamó la República Federal y tres días después se eligió como presidente a Pi i Margall, favorable al federalismo pero dirigido desde las más altas estructuras estatales. El sector federalista intransigente no querían esperar más tiempo para realizar su proyecto federalista y la sublevación carlista se había agudizado tras la ofensiva en diferentes zonas en lucha.
El 7 de julio los trabajadores de Alcoy, ciudad en donde residía el Consejo Federal de la FRE, se movilizaron por una serie de mejoras laborales. El día 8, ante la negativa de la patronal en realizar concesiones, se decidió iniciar una Huelga General. En aquellos momentos el alcalde de la localidad, AgustínAlbors, prometió permanecer neutral en el conflicto. Sin embargo, y haciendo honor a la palabra de un/a político, se posicionó a favor del empresariado y ordenó al Gobernador Civil de la provincia que iniciara la represión contra los huelguistas y emitió el siguiente bando: “En su derecho está el trabajador que desee que se le aumente el salario o jornal. En el suyo se halla igualmente el dueño o el fabricante que no quiere acceder a la petición del obrero, y de él usa también los que satisfechos con un jornal inferior al que otros necesitan, quieren continuar en sus ordinarias tareas. La interrupción violenta de estos derechos por medio de la amenaza o de cualquier otro medio que sea, es un delito y vuestra corporación municipal republicana, tan dispuesta está a hacer respetar a aquéllas, como a no dejar impune éste, mientras no le revoquéis vuestros poderes.”(24). Albors, al parecer, tras entrevistarse con los patronos, decidió, quien sabe si por dinero, o quizás por favores que debía, o sencillamente porque política y mentira siempre van unidas, apoyarles de manera clara, aunque por el camino la palabra que dio a los obreros se perdió por las cloacas de la política. Ante esta situación el día 9 en la Plaza de la República, una reunión obrera escogió una comisión para decirle al alcalde que respetara su compromiso o declinara sus poderes (en clara alusión al bando). En dicha comisión estaban presentes diferentes internacionalistas como Fombuena, Francisco Tomás, Albarracín y José Seguí. El alcalde rechazó las peticiones de la comisión, y al salir ésta del Ayuntamiento, el ilustrísimo y muy honorable Albors ordenó una carga ante la multitud allí concentrada, con el resultado de 4 personas muertas y 20 heridas. Ante este repugnante suceso los ánimos entre las capas populares de Alcoy se incendiaron aún más, entrando el día 10 en el Ayuntamiento, disparando el “pistolero” Albors a la multitud que se le abalanzó. Por suerte una bala anónima y justiciera impactó en el cuerpo de Albors provocándole la muerte. En el mismo tumulto 4 guardias y 2 fabricantes resultaron heridos. Inmediatamente se eligió una Junta y se detuvieron a 42 fabricantes acusados de disparar a la multitud (aunque a los tres días fueron puestos en Libertad). En los incidentes se registraron también 6 casas quemadas ya que desde las mismas se realizaron disparos. El día 12, entraron en la industrializada Alcoy, las tropas de Velarde, junto al Gobernador Civil y una comisión del gobierno madrileño. No existieron incidentes remarcables y al día siguiente se hizo cargo del gobierno municipal una comisión mixta de obreros y patronos, al tiempo que Velarde salió hacia Cartagena ante la sublevación cantonal de dicha localidad.
Pese a que los suceso de Alcoy no se pueden enmarcar estrictamente como un levantamiento cantonal, más bien como un conflicto obrero que se radicalizó por la irresponsabilidad de Albors, la prensa burguesa y parte de la republicana, a la par que una campaña política de dichos sectores, inició una campaña difamatoria y propagandística contra lo sucedido en Alcoy, incluso un ministro declaró en las Cortes que se habían arrojado personas por los balcones, paseado por las calles cabezas de guardias civiles y se habían producido violaciones de niñas inocentes...
El clima social se deterioró a pasos agigantados, en especial entre los sectores obreros. Se puede afirmar que los sucesos de Alcoy cogieron a la FRE un poco desprevenida, al igual que la propia revuelta cantonal. Limitándose el Consejo Federal a un comunicado crítico con todo lo sucedido, culpando al gobierno y a la patronal de todo lo sucedido, mostrándose como meras víctimas de la explotación y miseria política y económica del estado. Ni un intento de generalizar el conflicto, pese a la participación activa en Alcoy y en diferentes cantones, tampoco se llamó a la insurrección, nada de eso se hizo, sólo propaganda. Posiblemente estarían más pendientes del Congreso de la Internacional anti-autoritario en Ginebra de ese mismo año que en realizar un levantamiento revolucionario. Por otro lado la intransigencia y la inoperancia del gobierno republicano decepcionaron profundamente a los sectores republicanos más federalistas que en ese verano proclamaron cantones independientes en diferentes localidades, especialmente del Levante y de Andalucía. El 12 de julio se proclamó el cantón de Cartagena, el 18 de julio, ante el ataque carlista a Igualada, se formó en Barcelona una “Junta de Salvación y Defensa”, el día 19 se produjeron levantamientos cantonales en Loja, Écija, Béjar, Alicante, Sagunto, Orihuela, San Fernando, Sevilla, Valencia, Cádiz, Almansa y Torrevieja. El 20 de julio le tocó el turno a Castellón y Granada, sumándose el 22 las poblaciones de Algeciras, Tarifa, Andújar, Bailén, Salamanca y Jaén. El 23 Málaga se proclamó como cantón. En otras localidades como Sanlúcar de Barrameda o Carmona, se produjeron hechos encabezados por la FRE similares a los de Alcoy.
Ante esta situación, el nuevo presidente Salmerón se encargó de la represión obrera y cantonal, que por otro lado fue desproporcionada y sangrienta, en manos de militares como los Generales Pavía y Martínez Campos. En el mes de agosto se restableció la pena de muerte y Salmerón tuvo problemas de conciencia –cosa que no tuvo al ordenar la represión obrera y cantonal- y dimitió. Su sustituto, el conservador y centralista Castelar ordenó el 20 de septiembre de 1873 la supresión de las garantías constitucionales para hacer frente a la represión iniciada por Salmerón y al levantamiento carlista. La República, con la moderada presidencia de Castelar, tendió hacia una dictadura de tintes militaristas. Se disolvieron Juntas y diputaciones no afines con las políticas del gobierno. También se ilegalizó en la práctica la FRE, aunque ésta utilizó la misma táctica de 1872 de no obedecer las leyes y permanecer en su actividad pública, aunque instaba el Consejo Federal a la organización clandestina si no fuese posible la actividad pública.
En enero de 1874 dimitió Castelar ante la votación negativa en las Cortes de su gestión, produciéndose el golpe de estado del General Pavía y el nombramiento como presidente al General Serrano. Mientras, la FRE se mostró como una organización con la acción demasiado dispersa para poder hacer frente a la represión gubernamental. Existieron huelgas en Gracia, Barcelona y Sants, que acabaron con barricadas en la ciudad de Barcelona, uniéndose diferentes alborotos populares, como los que se produjeron en Sarriá que se saldaron con 30 muertos. El día 10 de enero, el presidente Serrano y el ministro republicano de Gobernación, García Ruiz, emitieron un decreto que prohibía “(...)todas las reuniones y sociedades políticas en las que de palabra o de obra se conspira contra la seguridad pública, contra los altos y sagrados intereses de la patria, contra la integridad del territorio español y contra el poder constituido (...)”(25). En pocas palabras, se ilegalizaba a toda la disidencia al régimen, metiendo en el mismo saco a carlistas, anarquistas, sociedades obreras y republicanos federales intransigentes. Más o menos como en la actualidad hace la clase política, con adjetivos que pueden ir del sencillo “incívico” al horrible “terrorista”. Si algo “funciona” para quécambiarlo... Ante este suceso la FRE emitió su circular nº38 (véase anexo nº5) que volvía a instar en la actividad pública y, en el caso de no ser posible, pasar a la actividad clandestina.
La situación era de tensión máxima, acrecentada por el carlismo, que en junio saquearon e incendiaron la ciudad de Cuenca. La FRE en 1874 debía de celebrar un Congreso en Valladolid, al final se decidió celebrarlo en Madrid del 21 al 27 de junio de 1874. Se aprobó la gestión de los delegados de la FRE que asistieron al Congreso de Ginebra, donde las tesis colectivistas fueron mayoritarias. Resoluciones de este congreso destacadas fue el incremento de la autonomía dentro de la FRE, incluso se daba plena autonomía individual. Se decidió también la supresión de los Congresos anuales por comarcales, con la asistencia en los mismos de un miembro de la Comisión Federal para saber las resoluciones de los mismos y tramitarlas al resto de la federación. Se instó a reducir las huelgas a menos que se tuviesen fuerzas para lograr éxitos. También se aprobaron las represalias a los enemigos de la AIT, se decidió mantener la misma Comisión Federal y ahondar en la actividad clandestina, también se eligieron los representantes de la FRE en el Congreso Internacional de Bruselas, en donde se favoreció a una mayor autonomía a todas las secciones.
El 3 de septiembre se nombró el gobierno Sagasta, aunque la FRE ya se mostraba bastante debilitada, pese a las resoluciones del Congreso de Madrid favorables a la clandestinidad. Hemos de tener en cuenta que la FRE era una organización de síntesis, es decir, su línea de actuación dependía de los resultados de los Congresos periódicos. Pese a ser anuales, en muchas situaciones vemos que la FRE estaba varios pasos por detrás de los propios acontecimientos. Este problema es común a todas las organizaciones de síntesis, incapaces muchas veces de poder estar bien adaptadas ante los sucesos inesperados. Los sucesos de Alcoy y la propia conflictividad social existente fueron focos que pudieran haber encendido la llama de la revuelta, sin embargo, pese a los llamamientos a la clandestinidad y a la utilización de las represalias, posiblemente éstas hubiesen sido más útiles unos cuantos meses antes. La FRE llegó tarde, sencillamente porque la realidad y los hechos no entienden de Congresos periódicos. También influyó en el fracaso de la FRE en la época republicana y monárquica su propio planteamiento de la Revolución. Al dejarla tan lejana en el tiempo, en el marco de un proceso de crecimiento cuantitativo, no se veía de manera clara la situación existente como revolucionaria. Al parecer, según informes de la FRE, durante el suceso de Alcoy contaban con más de 300.000 afiliados, cifra posiblemente exagerada, pero seguramente superior a los 60.000 afiliados que Francisco Mora (disidente marxista) afirmaba que contaba la FRE por entonces. La situación del gobierno central estaba al borde de la bancarrota, la propia sublevación carlista y las divisiones dentro de las facciones políticas, podrían haber hecho posible una Revolución colectivista. Sin embargo se optó por comunicados que tenían más de victimismo que de ataque al poder establecido. Cuando decidieron optar por la clandestinidad ya era demasiado tarde, la represión se había cebado con toda disidencia y el estado, pese a seguir siendo débil, estaba en una situación militarizada...
No. 205 (19 jul. 1873) No. 208 (9 agosto 1873) No. 209 (16 agosto 1873)
El gobierno de Sagasta abrió las puertas a la Restauración Borbónica, acto que se consumó tras el golpe militar de diciembre de 1874 del General Martínez Campos y el Brigadier Luis Dabán, con el ministerio-regencia de Cánovas del Castillo. El 14 de enero de 1875 Alfonso XII entró en Madrid y Cánovas fue nombrado jefe de gobierno.
En cierta manera este nuevo régimen era heredero del de 1868, aunque de los sectores más moderados que participaron en él. El sufragio pasó de ser universal masculino a censitario, se restituyeron bienes a la Iglesia, se abolió el derecho de libertad de expresión y manifestación y se forzó a la ilegalización o marginación de los sectores republicanos y las sociedades obreras. La FRE fue ilegalizada.
